A un año y cuatro meses de cárcel, dos empleados municipales serán condenados, tras haber sido denunciados por utilizar recursos o pagos de trabajadores de la administración de Cadereyta, cuotas que cobraban para supuestamente financiar la campaña electoral para el próximo año.
De acuerdo a la información que trasciende, indicaron que se trata de n director y un coordinador del Municipio de Cadereyta, quienes serán procesados y sentenciados a un año y cuatro meses de cárcel, porque retenían el 5 por ciento del sueldo de servidores públicos para intentar financiar una campaña electoral el próximo año.
Indicaron que se presentó una denuncia en el mes de enero de este año por algunos de los burócratas afectados, la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por lo cual fue investigada y fue un juez de control quien determino la sentencia contra dos funcionarios públicos de la actual administración municipal.
Señalaron que se revisaron más de 950 expedientes laborales», detalló el Fiscal Gilberto de Hoyos, «se entrevistó a 250 personas y se pudo obtener información que se presentó al juez de control, y se logró sentenciar a dos funcionarios. «Eran aportaciones indebidas de dinero de subordinados, que si no aportaban se les iba a despedir, y era para apoyar a un partido político, cuestiones partidistas electorales».
Mencionaron que la denuncia habría sido interpuesta pues se dijo que los trabajadores denunciaban que les estaban deteniendo un porcentaje de su dinero en efectivo de manera ilegal de parte de la Administración del Alcalde Ernesto Quintanilla, del Partido Verde.
Informaron que el Fiscal rechazó revelar qué campaña sería financiada con las retenciones ilegales y los nombres de los ahora ex funcionarios sentenciados, a quienes solo identificó por los nombres de Óscar N. y Margarito N. Señalaron que dentro de las investigaciones que realizaron las autoridades, informaron que además de la sentencia a un año cuatro meses de prisión, que será ejecutada en los próximos días en el municipio de Cadereyta, los trabajadores de la función pública involucrados fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos.
